La Corte Suprema de Justicia convalidó una condena contra el municipio de Chascomús y el Estado bonaerense que obliga a pagarles una indemnización de 100 millones de pesos a dos mujeres que ganaron un campo de 327 hectáreas en una rifa escolar y que nunca pudieron escriturar. Fue un tedioso proceso que comenzó hace más de 20 años. Una de las damnificadas ya no podrá hacer usufructo del premio porque murió hace dos meses mientras esperaba el interminable recorrido judicial.

En 1995, Sonia Della Vedova de Godoy y Clorinda del Carmen Gallegos de Sandoni (la mujer que falleció luego de una enfermedad renal) compraron el cartón con el número 2.300 del sorteo organizado por tres escuelas rurales que buscaban juntar fondos para las cooperadoras. La tómbola fue autorizada por el Concejo Deliberante  y el primer premio era un predio que había comprado una empresa que se encargaba de estas iniciativas. Pero nadie verificó que la sociedad no tenía la escritura, sino apenas un boleto de compra. Además, estaba previsto ofrecer mil números, pero se vendieron casi dos mil, a 700 pesos (entonces dólares).

Della Vedova es docente. Vive en Lezama y tiene tres hijos. Gallego también residía en ese distrito que se escindió de Chascomús. Esperó que la Justicia resolviera la contienda mientras afrontaba su problema de salud que la obligó a una diálisis. La enfermedad avanzó más rápido que los expedientes. Ahora, sus dos hijas heredaron esta controversia, inconclusa aun con el veredicto de la Corte. Las mujeres habían comprado el boleto que el día establecido se cantó en la Lotería Nacional. Pero cuando fueron a la escribanía comenzaron los trastornos. Si bien accedieron al campo por unos años, un fallo de la justicia civil se los quitó.

La propiedad, apta para la explotación agropecuaria, tiene una valuación estimada en 4,5 millones de dólares. En el medio, fue a remate judicial y ahora tiene otro dueño. Apelaron a la Justicia y asesoradas por Miguel Angel Otegui, denunciaron ante el Juzgado Civil y Comercial N° 27 de La Plata a las cooperadoras, a la Provincia y a la empresa. En primera instancia fueron todos condenados a resarcir a las ganadoras. Pero los dueños de la firma responsabilizaron a la comuna. Y el fallo de la Suprema Corte bonaerense hizo responsable a Chascomús de forma integral por la irregularidad y la condena al pago de $ 100 millones por los daños y perjuicios y el lucro cesante.

El viernes pasado, tras la concesión de un recurso extraordinario, se conoció el último dictamen de la Corte. Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, rechazó el recurso presentado hace dos años por la comuna y ahora los demandados deberán pagar. “Es una situación sumamente compleja. No podemos pagar ese monto porque quedaría la Municipalidad en cesación de pagos y en quiebra. Tendremos que iniciar un proceso de negociación”, dijo a Clarín el intendente de Chascomús, Javier Gastón (del Frente Renovador). El funcionario aclaró que “se trata de una situación heredada”. Según detalló el secretario de Gobierno, Cipriano Pérez del Cerro, Chascomús tiene un déficit operativo de 12 millones de pesos y en diciembre tenía una deuda de 35 millones.

Otegui explicó a Clarín que “ya existe un proceso de embargo y de ejecución de bienes comunales que se realizó en forma preventiva”. Aclaró que incluyó un camping municipal conocido como Monte Corti (cercano a la laguna) y un inmueble de 103 hectáreas donde ahora funciona una escuela rural. “Pero con eso no alcanza para cubrir el monto de la indemnización reclamada”, aseguró el letrado.

Gastón ya buscó ayuda en Provincia. Tuvo un contacto con el secretario de Asuntos Municipales del gobierno bonaerense, Alex Campbell. Allí le anticiparon que evaluarán “la situación jurídica y los pasos a seguir para solucionar el problema”. Por ahora, el dinero para resarcir a las ganadoras y sus herederas, no aparece.